Niega el alcalde de Zihuatanejo haber solicitado acciones contra su policía

-Insinúa temer por su vida

Fernando Polanco Ochoa/IRZA
Chilpancingo, Gro., mayo 19 del 2017 (IRZA).-
El presidente municipal de Zihuatanejo, Gustavo García Bello, negó que haya solicitado la intervención de las fuerzas federales y estatales para que desarmaran a su Policía Preventiva, como aseguró el jueves el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia.

Lo que ocurrió, explicó, es que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizaba una revisión de rutina a la licencia colectiva de portación de arma de fuego de los policías, quienes opusieron resistencia y, en consecuencia, fueron detenidos por las fuerzas castrenses.

Refirió que el Ejército realiza entre cuatro y cinco revisiones por año a la corporación.

En entrevista telefónica, externó su preocupación por la “mala interpretación” que las autoridades estatales le están dando a la detención de los 51 elementos policíacos y la presunta infiltración en la corporación por grupos del crimen organizado.

“El vocero dijo que yo le externé al gobernador (Héctor Astudillo Flores) la preocupación de esto y que estaba colaborando, malinterpretándose que yo denuncié a gente que estaba involucrada en el crimen organizado, lo cual no es así. Él se refiere a la preocupación que tengo para regularizar la Policía Preventiva”, comentó.

Pero pidió que así como las autoridades estatales anunciaron la detención de los policías, también anuncien su liberación, porque “tienen buena fe” y, además, el nuevo Sistema Penal Acusatorio antepone la inocencia de una persona hasta que se demuestre lo contrario.

Informó que el 10 de abril, la Sedena revisó la licencia colectiva (de los policías preventivos), y precisó que la credencial de cada elemento debe estar actualizada al aprobar el proceso de certificación, misma que los acredita para portar arma de fuego.

Refirió que de los 240 policías preventivos, el 60 por ciento no ha aprobado los exámenes de control de confianza, y refirió que así la recibió de la pasada administración, encabezada por el priista Erik Fernández Ballesteros (2012-2015).

La vida del alcalde corre peligro
García Bello sintetizó la dramática situación de la Policía Preventiva de Zihuatanejo, al confirmar que no tiene capacidad para dar de baja y liquidar a los elementos que no aprobaron los exámenes de control de confianza, y que por tanto no tenían actualizada la credencial para portar arma de fuego.

Añadió que el Ayuntamiento no tiene presupuesto suficiente para finiquitarlos, y porque, admitió, “la vida del alcalde corre peligro, porque se trata de elementos que tienen ciertos intereses en la corporación; por eso el alcalde anterior no los dio de baja; tienen derechos humanos y laborales”.

Refirió que al inicio de su mandato envió a los policías a cursos de capacitación; sin embargo: “varios de lo que hicieron el examen nuevamente lo reprobaron”.

El alcalde García Bello refirió que todos los detenidos el lunes por efectivos del Ejército “son policías”, quienes no contaban con la credencial actualizada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública para portar arma de fuego, la cual se les asigna al aprobar la certificación.

“No hay civiles armados portando armas y uniformes; todos son policías. Es un asunto de orden administrativo, al no contar con la credencial para portar arma”, explicó.

Agregó que los policías fueron detenidos para investigar su estatus dentro de la corporación, por eso nueve elementos fueron liberados inmediatamente, al comprobar con documentos oficiales su acreditación como policías en activo.

Gustavo García pidió “tolerancia” para enviar nuevamente a evaluar a los elementos de mayor antigüedad que no están acreditados, con el compromiso de dar de baja a quienes no aprueben ese proceso.

“La ley prevé que los elementos que no aprueben los exámenes de control de confianza por consumo de enervantes, deben ser dados de baja sin derecho a liquidación”, sostuvo.

Finalmente informó que la seguridad del municipio está en manos de la Policía del Estado, con el apoyo del Ejército, en tanto se resuelve la situación de los 18 elementos que hasta este viernes permanecen retenidos.

El alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, también perredista, fue asesinado a balazos el pasado mes de julio luego de denunciar presiones en su contra por parte del crimen organizado.

Hace menos de un mes, por su parte, el presidente municipal de Teloloapan, Robell Urióstegui Patiño, del PRD, tuvo que salir del municipio ante la amenaza de ser asesinado junto con su familia. Actualmente cuenta con fuerte resguardo a cargo de policías estatales y federales. (www.agenciairza.com)

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